Hace días escuché por la radio a un inspector de Hacienda que hablaba sobre la realidad económica de Canarias. Según él, en torno a los ocho mil millones de euros no están controlados por el fisco, lo cual significa que las arcas de la Comunidad y del Estado dejaron de recibir elevadísimas cantidades por los impuestos y, de paso, que ese dinero puede tener una procedencia sospechosa, como poco. Pero hay más, y a peor: con los medios de que disponen los señores inspectores resulta imposible detectar, investigar, acumular pruebas de supuesto fraude y denunciar ante la Ley a los infractores.
Obviamente, los hipotéticos transgresores no se encuentran entre los funcionarios, víctimas directas y propiciatorias de descuentos y reducciones, en cuanto que resulta más cómodo caer sobre ellos porque sus nominillas están controladas al céntimo. Pero es que dependientes, conductores de guaguas, asistentes sociales, obreros de la construcción o maleteros en los aeropuertos tampoco forman parte de aquellos propietarios de los ocho mil millones, pues también se les tiene bien amarrados, sus salarios se controlan casi a la perfección. Y pobre de aquel infeliz que intente hacer algún cambalache en su declaración de Hacienda, ahora que está próxima: la contundencia de la ley caerá sobre sus espaldas por intentar ocultar dos o tres mil euros, a mucho más no puede llegar un asalariado.
Pero hete aquí que si se trata de mayores cantidades –centenares de miles, millones-, la salvaguarda está garantizada: hay instituciones especializadas en vericuetos y caminos económicos que conducen a paraísos fiscales cuyas actividades escapan a los controles debido a carencia de medios, escasez o insuficiencia imposibles de subsanarse –dudo- o, quizás, consecuencia de una forma de autoprotección de los poderosos, hoy instalados físicamente en el poder, incluso político.
Además, para rebosar la cachimba, como si de burlas, tomaduras de pelo, obscenidades fiscales o contubernios se tratara, no solo no los persiguen sino que el propio sistema los distancia de los jueces y les ofrece la posibilidad de regularizarse al módico precio del diez por ciento. Se les garantiza, también, que nadie les preguntará la procedencia de su capital, el cual pudo ser regalo de los dioses –ex alcalde hay que ganó muchos premios en la lotería-, topado como de casualidad mientras se encontraban en peripatética meditación e, incluso, enterrado por sus bisabuelos en el solar que hoy se está preparando para plantar chuchangos. Porque de inmorales procedencias -trata de blancas, droga, entendimientos con algunos políticos de esos cientos que aparecen, primas por ayudas oficiales, corruptelas, fraude a las instituciones, apoyo desde el poder a empresas familiares…- no se trata, líbrenos Dios, aquí todo el mundo es bueno. Si no fuera porque uno cree en la honradez de quienes gobiernan, cabría la posibilidad de que todo esté programado, hoy por ti y mañana por mí. Pero no, por suerte nuestros dirigentes no están corrompidos, en absoluto.
En medio de este desbarajuste iniciado en la etapa psocialista, ahora son los lamentos. Hoy el Gobierno canario -con razón- echa al aire sus palabras cargadas de impotencias porque en los Presupuestos Generales del Estado se le birlan, bóbilis bóbilis, setecientos millones de euros si la cosa queda en eso, pues hay sospechas de un probable aumento. Tales impactantes disminuciones, dicen, lamentan, lloran, afectarán a lo que ellos llaman «servicios esenciales», entre los que citan enseñanza, sanidad, pero que abarcará también –supongo- prestaciones sociales (dignificación de las personas, discapacitados físicos y psíquicos, ancianos solitarios ayudas a menesterosos, mujeres maltratadas…).
A lo anterior, añaden carreteras, transportes de pasajeros y mercancías, política hidráulica, planes de empleo e infraestructuras turísticas (supongo que se refieren a vías, jardines, limpiezas de playas y costas, embellecimientos…, y no a inversiones a fondo perdido en hoteles, apartamentos, bungalows, complejos turísticos privados, digo, cuyos propietarios o son multinacionales o personas con nombres y apellidos).
Sin embargo, otras partidas las doy como aseguradas toda vez que el Gobierno canario nada dice de ellas, de que desaparecerán o verán mermadas sus potencialidades. Y eso es bueno, vive Dios, en cuanto que significa humanización por parte del señor Rajoy, en apariencia tan radical en estas cosas de los euros. Aquel hombre de ceño fruncido y mandíbula inferior dominante no es un bloque de cemento, qué suerte, tiene incluso hasta su corazoncito en momentos de absoluto descalabro económico, paro de casi cinco millones de personas, vertiginosas reducciones o aniquilaciones de los más elementales principios inherentes a la dignidad ciudadana, desprecio a la juventud, cuando no esclavizante contratación.
Y creo en la buena disposición del señor Rajoy para con Canarias porque el Gobierno del señor Rivero nada dice de reducciones en el inútil dispendio del Parlamento canario, necesario sí, pero al que le sobran al menos cien asientos, pues las espléndidas nominillas de sus señorías consumen decenas de miles, cientos de miles de euros que se malgastan; ninguna objeción pone a que decenas de altos cargos canarios sin función práctica alguna sigan cobrando de los impuestos del Estado; no objeta contra bodrios y miserias televisivas cuyos despilfarros eliminan presupuestos de becas o de investigaciones científicas; silencia frente a profesionalizaciones de gentes allegadas al Gobierno que no ocupan puestos por sus capacidades, sino por repartos de poder (zona ZEC, por ejemplo); manda a callar a quienes elevan susurros críticos frente a regalos de móviles y ordenadores a sus señorías, a inmoralidades que traducen dietas ¡por asistir a sesiones plenarias, a su trabajo!, a especiales tratos económicos por alojamiento y comidas, seguros sanitarios privados, seguros de vida, de incapacidad permanente (C7 dixit)… que se pagan, todos, todos, con nuestro dinero.
No, el PP no es tan malo con Canarias. Más preciso: con algunos canarios, muchos de ellos simples paseantes.