La reforma laboral, aprobada por el gobierno del Partido Popular el pasado 10 de febrero, tiene el objetivo oculto de fomentar una reducción generalizada de los costes salariales para, según dicen, mejorar la competitividad de economía española. En función de ello, la reforma da todo tipo de facilidades a los empresarios para facilitar y abaratar el despido y para aumentar su poder de decisión, acabando con muchos de los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores y trabajadoras.